Por César Reyna
A raíz de las protestas surgidas en la selva amazónica conviene recordar el modelo de desarrollo que maneje el presidente en funciones
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Desde que asumió el poder por segunda vez, tras un desgarrador quinquenio que dejó al país al borde del abismo, el presidente García cambió ideológicamente. Probablemente abrazó la orientación económica pro mercado un par de años antes de las elecciones de 2001, que perdió por amplio margen ante el candidato peruposibilista, Alejandro Toledo. La asimilación de la doctrina neoliberal, que causa estragos alrededor del mundo a raíz de la crisis económica internacional, supuso la ruptura definitiva del aprismo o de su líder con el ideario antiimperialista, la nacionalización de tierras e industrias, el modelo de producción autárquico, entre otras viejas ideas.
García se vio obligado a renunciar a dichos postulados, que durante su primer gobierno lo condujeron a nacionalizar la banca y romper con organismos financieros multilaterales, porque formaban parte del ordenamiento de un mundo bipolar que había desaparecido con la desintegración de la Unión Soviética. Pero no solo ese gran acontecimiento histórico originó su nuevo fervor por políticas económicas de derecha, ya que debía mostrar un perfil pragmático para convencer de su cambio a los ciudadanos y grandes empresarios que habían alcanzado cierto nivel de bienestar con la aplicación de políticas de mercado (economía abierta o neoliberales) introducidas por el ahora reo, Alberto Fujimori.
Su rol dentro del sistema, según ha declarado, es el de facilitador de las inversiones. Por ello utiliza sus facultades presidenciales para allanar el camino para la entrada masiva de capitales a la Amazonía peruana. García, como bien ha dicho en una reciente declaración, “no obedece ningún grupo corporativo empresarial” porque no es un simple peón o empleado del sector privado. Él no está ni ha pasado por la nómina de las empresas extractivas como algunos funcionarios del Estado. No les debe obediencia porque considera que los inversionistas necesitan de él para desarrollar y consolidar sus negocios. Desde ese punto de vista se siente superior a los empresarios que conciertan citas y encuentros en Palacio de Gobierno. El presidente es la última instancia ante la cual apelan para lograr que se ejecute algún proyecto o se prepare una ley con nombre propio. García se siente omnímodo y por encima de las preocupaciones y dilemas de su entorno porque está plenamente convencido de que si todos fueran como él, el mundo, y no solo el país, sería perfecto.
Al margen del análisis psicológico de este personaje, es conveniente abordar las consecuencias prácticas o tangibles de su pensamiento, es decir, los efectos que produce en el devenir de la política y la población. Para esto debemos desmenuzar sus comentarios y concentrarnos en sus siniestras acciones como resultado del ejercicio de su poder.
La ley es la mayor herramienta con la que cuenta un gobernante para obtener control social. Y García no la desaprovecha e inclusive abusa de ella (de la Constitución) para conseguir sus objetivos. “Su gobierno”, dice él, “nace de la democracia”. Lo que a su parecer le da suficiente autoridad y legitimidad moral para legislar mediante decretos y poner orden dentro del país. García olvida o prefiere olvidar que fue elegido por descarte, es decir, como el mal menor entre dos candidatos. El electorado no votó con decisión por él pues tenía poderosos motivos para sospechar de su desempeño. Su ascenso siempre fue observado con recelo hasta que diera muestras de haber cambiado. Cuando ganó, la población que sobrevivió a la recordada la hiperinflación de los ochenta tenía cierto alivio ya que el Apra no había conseguido imponerse en el Parlamento y la presencia de grupos afines a la izquierda de antaño (la del ex alcalde de Lima, Barrantes Lingán) era inexistente.
Hablar de democracia en un país que ha sufrido muchos golpes de estado, que ha tenido trece constituciones y tuvo que conformar varios gobiernos de transición conduce a cualquier oyente o lector sensato la perplejidad pues dicho sistema no existe en el Perú. A lo mucho hemos disfrutado de algunos de sus elementos constitutivos como las elecciones libres y las libertades de prensa, expresión, asociación, etc., pero en periodos determinados. El autoritarismo es más bien lo que caracteriza no solo el ejercicio de la política, sino también a la población pues demanda gobiernos autoritarios cuando las cosas se salen de control. La vocación nacional por un liderazgo fuerte que se encargue poner en marcha el país sugiere que los peruanos no han desarrollado o no manejan la noción de ciudadanía, por ende no se consideran a sí mismos como sujetos de derecho y reniegan de toda participación política.
Durante el paro amazónico que lleva 40 días sin solución visible, García dijo que “las riquezas (del suelo y del subsuelo) son de todos los peruanos”. El presidente, al igual que sus numerosos acólitos y antecesores, repite lo que supuestamente consagra la Constitución de 1993 pero no es así. Al menos en los hechos las cosas son muy distintas pues los recursos naturales pertenecen, como todos sabemos, a las multinacionales o consorcios locales que los explotan. Para que las riquezas sean efectivamente nuestras, las empresas deberían pagar una cantidad significativa por concepto de regalías como se hace en países socialistas como Bolivia, Ecuador y Venezuela, o en estados capitalistas como Alaska (Estados Unidos) o Canadá, donde el Tesoro recibe regalías al margen de los impuestos que pagan las compañías petroleras o mineras. El derecho a percibir regalías se origina a partir la explotación de recursos naturales. Las empresas pagan regalías al Estado porque aprovechan un bien de todos, y como tal no puede regalarse ni donarse, sino venderse o transferirse a cambio de una prestación económica. Por ello, bajo el régimen actual, no deberían salir del cobro del impuesto a la renta pues se trata de conceptos diametralmente distintos. Los impuestos, a saber, se pagan a raíz de la realización de una actividad económica gravable; las regalías, en cambio, son derechos que corresponden a los titulares del recurso explotado. De no modificarse pronto esta irregularidad lo que señala la Constitución y el presidente García seguirá siendo letra muerta o lirismo puro.
Otro punto que refleja el pensamiento de García es su predilección por el capital. Desde su retórica del “perro del hortelano” se autoproclamó promotor de la inversión privada y rompió con el aprismo tradicional de Haya de la Torre. Tratar de adaptar las viejas ideas de Haya a la idiosincrasia neoliberal de Alan García sería tan descabellado como reconciliar el marxismo y el maoísmo con la apertura china que impulsó hace tres décadas Deng Xiao Ping. Hoy en día García es más neoliberal que los think tank que idearon el Consenso de Washington. Su predica, cual viejo pontífice, habla de las infinitas bondades de la inversión. Nunca pierde la oportunidad para convencerse y convencernos de que el rumbo emprendido por la autocracia de Fujimori “nos permitirá avanzar por el camino de la modernidad”. Por eso Luis Giampietri, su vicepresidente, no duda que Keiko Fujimori, la hija del corrupto ex mandatario, sea la mejor opción para el sistema de cara a las elecciones de 2009, así lo reveló al diario La República (17-05-2009).
Últimamente García ha llevado su pensamiento al extremo pues pretende privatizar la selva peruana. Rivales políticos no tan acérrimos como Alejandro Toledo, con quien comparte la ideología pro mercado, ha denunciado que García “tiene la vocación de vender todo, incluso tierras con propietarios como es el caso de la Amazonía”. Durante el apuro por adecuar nuestra legislación al TLC con Estados Unidos, el líder aprista aprovechó la coyuntura para introducir reformas que afectan el medio ambiente, la biodiversidad y a las poblaciones nativas. Los decretos legislativos aprobados mediante la delegación de facultades del Congreso son abiertamente inconstitucionales porque el Estado no consultó a las tribus amazónicas. El historiador Nelson Manrique considera que “la intención del gobierno es despojar a las comunidades nativas de la Amazonía de los territorios que ocupan y que por ley les pertenecen, para entregarlos a las grandes corporaciones, tal como lo expresó el presidente Alan García en su tesis ‘El síndrome del perro del hortelano’, que en buena cuenta busca desaparecer a estas poblaciones autóctonas que terminarán engrosando los cinturones de miseria de las ciudades”.
García escribió en el diario El Comercio que “necesitamos más inversión, más empleo y mejores servicios. Para ello abrimos nuevos mercados mediante los tratados de libre comercio y nuevas áreas para la inversión dentro del país en zonas que, por razones ideológicas, aún permanecían cerradas”. La primera clave para permitir el desembarco de la inversión fueron nueve decretos y un par de leyes polémicas. La acuicultura en lagos, lagunas y ríos de la selva están su mira, así como la agroindustria para aumentar la producción de alimentos y generar empleo. El primer mandatario, al fomentar irreflexiva y desmedidamente la inversión, no está considerando potenciales impactos ambientales en los territorios donde desea introducir a los capitales. Una de sus metas es acabar con el minifundio comunero y con grandes concentraciones costeras (latifundios) de más de 40.000 hectáreas. En el caso de los primeros García dice que esa “institución colectivista” ha mantenido en la pobreza millones de peruanos. Para modernizarla (terminar con el minifundio) estableció un límite mínimo de 20 hectáreas por comunidad campesina. Si las comunidades no se adaptan el Gobierno supedita cualquier ayuda y créditos estatales a las modificaciones legales pertinentes.
Creemos que García se equivoca en el diagnostico pues lo que ha puesto en desventaja a los pobladores del interior no ha sido su organización productiva, sino la falta de servicios esenciales que debió proveer el Estado como salud y educación. García piensa al revés pues cree que dándoles más facultades a las comunidades saldrán del pozo del subdesarrollo. Lo que necesitan es más capacitación, conocimientos técnicos y asesoría para aumentar la rentabilidad de sus cultivos y encontrar mercados para sus productos agropecuarios. Lo que García perseguía era la transferencia de sus tierras pues se superponen o están dentro de grandes proyectos de explotación o exploración minera. Por eso apoyó que las decisiones comunales se aprobaran con la mitad más uno de sus miembros, es decir, por mayoría simple. Afortunadamente tuvo que dar marcha atrás ya que los decretos 1015 y 1073 fueron derogados debido a multitudinarias manifestaciones sociales.
El Perú no se desarrollara “sin inversión ni tecnología foránea”, según García. De ahí su apuesta por los tratados comerciales en el plano externo y promocionar la incursión inversión en el interno. Bajo su concepto, la riqueza no la pueden explotar únicamente los peruanos pues el capital nacional le jugó más de una mala pasada durante su primer gobierno al boicotearlo y sacarle la vuelta a sus medidas (los industriales aprovecharon el dólar barato que era vendido por el Ejecutivo no para aumentar la producción, sino para enviarlo a cuentas del exterior).
Muchos de los planes de García no son nuevos pues mira constantemente a Chile y a Brasil, países a los que desearía superar en el largo plazo. Alcanzar a Chile le parece una meta accesible puesto que el Perú posee más recursos naturales y territorio. Pero carecemos de buenos profesionales y planificación. La deficiencia educativa peruana impide que ese sueño se logre. En dicho sector Chile nos saca varios cuerpos de ventaja y la brecha se acrecienta año tras año. Sin capital humano es imposible avanzar en otras áreas como desarrollar y depender cada vez más de nuestro mercado interno para no sufrir los vaivenes del comercio internacional (la demanda será débil en la medida que no se eduque a la gente pues la ausencia de capacitación presiona los salarios a la baja).
En cuanto a Brasil, García está tratando de copiar la cuestionable política de desarrollo amazónico de Lula da Silva, que se sustenta en la deforestación para cultivar enormes campos de soja y despejar selva para el ganado. La soja del gigante sudamericano se exporta a China al igual que la carne de vacuno (el consumo oriental fomenta la acelerada la depredación de ecosistemas). Pero el presidente peruano va un poco más allá de su par del Atlántico pues desea explotar “recursos como el petróleo, gas, madera, pesca, entre otros”. Por ello avasalla derechos reconocidos a los indígenas y promueve la colonización de la Amazonía[1] para que miles de colonos se dediquen a la pesca y la extracción maderera. De ese modo está incentivando la tala irracional que contribuye al calentamiento global pues está demostrado que la deforestación reduce la capacidad de absorción del carbono liberado en la atmósfera.
Por si fuera poco, y esto es lo más grave, ofrece los bosques para la producción de biocombustibles (3 millones de hectáreas de bosques primarios). Para él es de “alto interés nacional” desarrollar dicho negocio, de ahí que haya promulgado el Decreto Legislativo 1090, por el que se puede cambiar la denominación para el uso de las tierras de forestal a agrícola, y, desde enero del presente año, ha entrado en vigencia una normativa que declara de “interés nacional” cultivos energéticos como el piñón blanco en la Amazonía. La tendencia a reemplazar al petróleo por los biocombustibles para contrarrestar los efectos del cambio climático, en opinión de Peter Brabeck-Latmathe, director general de Nestle, la corporación de alimentos más grande del mundo, es equivocada, “pues se necesitan 9.100 litros de agua para cultivar la soya necesaria para obtener un litro de biocombustible y más de 4.000 litros para obtener un litro de bioetanol”. En el proceso industrial se erradicarán miles de árboles y plantas nativas, y se usará combustible fósil para operar la maquinaria y trasladar el biocombustible a centros de distribución. No parece sensato iniciar esa actividad en la región amazónica cuando los perjuicios son inmensos.
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[1] En la selva hay 45 millones de hectáreas de bosques de producción que podrían verse afectados porque se encuentran dentro de las comunidades selváticas.
García se vio obligado a renunciar a dichos postulados, que durante su primer gobierno lo condujeron a nacionalizar la banca y romper con organismos financieros multilaterales, porque formaban parte del ordenamiento de un mundo bipolar que había desaparecido con la desintegración de la Unión Soviética. Pero no solo ese gran acontecimiento histórico originó su nuevo fervor por políticas económicas de derecha, ya que debía mostrar un perfil pragmático para convencer de su cambio a los ciudadanos y grandes empresarios que habían alcanzado cierto nivel de bienestar con la aplicación de políticas de mercado (economía abierta o neoliberales) introducidas por el ahora reo, Alberto Fujimori.
Su rol dentro del sistema, según ha declarado, es el de facilitador de las inversiones. Por ello utiliza sus facultades presidenciales para allanar el camino para la entrada masiva de capitales a la Amazonía peruana. García, como bien ha dicho en una reciente declaración, “no obedece ningún grupo corporativo empresarial” porque no es un simple peón o empleado del sector privado. Él no está ni ha pasado por la nómina de las empresas extractivas como algunos funcionarios del Estado. No les debe obediencia porque considera que los inversionistas necesitan de él para desarrollar y consolidar sus negocios. Desde ese punto de vista se siente superior a los empresarios que conciertan citas y encuentros en Palacio de Gobierno. El presidente es la última instancia ante la cual apelan para lograr que se ejecute algún proyecto o se prepare una ley con nombre propio. García se siente omnímodo y por encima de las preocupaciones y dilemas de su entorno porque está plenamente convencido de que si todos fueran como él, el mundo, y no solo el país, sería perfecto.
Al margen del análisis psicológico de este personaje, es conveniente abordar las consecuencias prácticas o tangibles de su pensamiento, es decir, los efectos que produce en el devenir de la política y la población. Para esto debemos desmenuzar sus comentarios y concentrarnos en sus siniestras acciones como resultado del ejercicio de su poder.
La ley es la mayor herramienta con la que cuenta un gobernante para obtener control social. Y García no la desaprovecha e inclusive abusa de ella (de la Constitución) para conseguir sus objetivos. “Su gobierno”, dice él, “nace de la democracia”. Lo que a su parecer le da suficiente autoridad y legitimidad moral para legislar mediante decretos y poner orden dentro del país. García olvida o prefiere olvidar que fue elegido por descarte, es decir, como el mal menor entre dos candidatos. El electorado no votó con decisión por él pues tenía poderosos motivos para sospechar de su desempeño. Su ascenso siempre fue observado con recelo hasta que diera muestras de haber cambiado. Cuando ganó, la población que sobrevivió a la recordada la hiperinflación de los ochenta tenía cierto alivio ya que el Apra no había conseguido imponerse en el Parlamento y la presencia de grupos afines a la izquierda de antaño (la del ex alcalde de Lima, Barrantes Lingán) era inexistente.
Hablar de democracia en un país que ha sufrido muchos golpes de estado, que ha tenido trece constituciones y tuvo que conformar varios gobiernos de transición conduce a cualquier oyente o lector sensato la perplejidad pues dicho sistema no existe en el Perú. A lo mucho hemos disfrutado de algunos de sus elementos constitutivos como las elecciones libres y las libertades de prensa, expresión, asociación, etc., pero en periodos determinados. El autoritarismo es más bien lo que caracteriza no solo el ejercicio de la política, sino también a la población pues demanda gobiernos autoritarios cuando las cosas se salen de control. La vocación nacional por un liderazgo fuerte que se encargue poner en marcha el país sugiere que los peruanos no han desarrollado o no manejan la noción de ciudadanía, por ende no se consideran a sí mismos como sujetos de derecho y reniegan de toda participación política.
Durante el paro amazónico que lleva 40 días sin solución visible, García dijo que “las riquezas (del suelo y del subsuelo) son de todos los peruanos”. El presidente, al igual que sus numerosos acólitos y antecesores, repite lo que supuestamente consagra la Constitución de 1993 pero no es así. Al menos en los hechos las cosas son muy distintas pues los recursos naturales pertenecen, como todos sabemos, a las multinacionales o consorcios locales que los explotan. Para que las riquezas sean efectivamente nuestras, las empresas deberían pagar una cantidad significativa por concepto de regalías como se hace en países socialistas como Bolivia, Ecuador y Venezuela, o en estados capitalistas como Alaska (Estados Unidos) o Canadá, donde el Tesoro recibe regalías al margen de los impuestos que pagan las compañías petroleras o mineras. El derecho a percibir regalías se origina a partir la explotación de recursos naturales. Las empresas pagan regalías al Estado porque aprovechan un bien de todos, y como tal no puede regalarse ni donarse, sino venderse o transferirse a cambio de una prestación económica. Por ello, bajo el régimen actual, no deberían salir del cobro del impuesto a la renta pues se trata de conceptos diametralmente distintos. Los impuestos, a saber, se pagan a raíz de la realización de una actividad económica gravable; las regalías, en cambio, son derechos que corresponden a los titulares del recurso explotado. De no modificarse pronto esta irregularidad lo que señala la Constitución y el presidente García seguirá siendo letra muerta o lirismo puro.
Otro punto que refleja el pensamiento de García es su predilección por el capital. Desde su retórica del “perro del hortelano” se autoproclamó promotor de la inversión privada y rompió con el aprismo tradicional de Haya de la Torre. Tratar de adaptar las viejas ideas de Haya a la idiosincrasia neoliberal de Alan García sería tan descabellado como reconciliar el marxismo y el maoísmo con la apertura china que impulsó hace tres décadas Deng Xiao Ping. Hoy en día García es más neoliberal que los think tank que idearon el Consenso de Washington. Su predica, cual viejo pontífice, habla de las infinitas bondades de la inversión. Nunca pierde la oportunidad para convencerse y convencernos de que el rumbo emprendido por la autocracia de Fujimori “nos permitirá avanzar por el camino de la modernidad”. Por eso Luis Giampietri, su vicepresidente, no duda que Keiko Fujimori, la hija del corrupto ex mandatario, sea la mejor opción para el sistema de cara a las elecciones de 2009, así lo reveló al diario La República (17-05-2009).
Últimamente García ha llevado su pensamiento al extremo pues pretende privatizar la selva peruana. Rivales políticos no tan acérrimos como Alejandro Toledo, con quien comparte la ideología pro mercado, ha denunciado que García “tiene la vocación de vender todo, incluso tierras con propietarios como es el caso de la Amazonía”. Durante el apuro por adecuar nuestra legislación al TLC con Estados Unidos, el líder aprista aprovechó la coyuntura para introducir reformas que afectan el medio ambiente, la biodiversidad y a las poblaciones nativas. Los decretos legislativos aprobados mediante la delegación de facultades del Congreso son abiertamente inconstitucionales porque el Estado no consultó a las tribus amazónicas. El historiador Nelson Manrique considera que “la intención del gobierno es despojar a las comunidades nativas de la Amazonía de los territorios que ocupan y que por ley les pertenecen, para entregarlos a las grandes corporaciones, tal como lo expresó el presidente Alan García en su tesis ‘El síndrome del perro del hortelano’, que en buena cuenta busca desaparecer a estas poblaciones autóctonas que terminarán engrosando los cinturones de miseria de las ciudades”.
García escribió en el diario El Comercio que “necesitamos más inversión, más empleo y mejores servicios. Para ello abrimos nuevos mercados mediante los tratados de libre comercio y nuevas áreas para la inversión dentro del país en zonas que, por razones ideológicas, aún permanecían cerradas”. La primera clave para permitir el desembarco de la inversión fueron nueve decretos y un par de leyes polémicas. La acuicultura en lagos, lagunas y ríos de la selva están su mira, así como la agroindustria para aumentar la producción de alimentos y generar empleo. El primer mandatario, al fomentar irreflexiva y desmedidamente la inversión, no está considerando potenciales impactos ambientales en los territorios donde desea introducir a los capitales. Una de sus metas es acabar con el minifundio comunero y con grandes concentraciones costeras (latifundios) de más de 40.000 hectáreas. En el caso de los primeros García dice que esa “institución colectivista” ha mantenido en la pobreza millones de peruanos. Para modernizarla (terminar con el minifundio) estableció un límite mínimo de 20 hectáreas por comunidad campesina. Si las comunidades no se adaptan el Gobierno supedita cualquier ayuda y créditos estatales a las modificaciones legales pertinentes.
Creemos que García se equivoca en el diagnostico pues lo que ha puesto en desventaja a los pobladores del interior no ha sido su organización productiva, sino la falta de servicios esenciales que debió proveer el Estado como salud y educación. García piensa al revés pues cree que dándoles más facultades a las comunidades saldrán del pozo del subdesarrollo. Lo que necesitan es más capacitación, conocimientos técnicos y asesoría para aumentar la rentabilidad de sus cultivos y encontrar mercados para sus productos agropecuarios. Lo que García perseguía era la transferencia de sus tierras pues se superponen o están dentro de grandes proyectos de explotación o exploración minera. Por eso apoyó que las decisiones comunales se aprobaran con la mitad más uno de sus miembros, es decir, por mayoría simple. Afortunadamente tuvo que dar marcha atrás ya que los decretos 1015 y 1073 fueron derogados debido a multitudinarias manifestaciones sociales.
El Perú no se desarrollara “sin inversión ni tecnología foránea”, según García. De ahí su apuesta por los tratados comerciales en el plano externo y promocionar la incursión inversión en el interno. Bajo su concepto, la riqueza no la pueden explotar únicamente los peruanos pues el capital nacional le jugó más de una mala pasada durante su primer gobierno al boicotearlo y sacarle la vuelta a sus medidas (los industriales aprovecharon el dólar barato que era vendido por el Ejecutivo no para aumentar la producción, sino para enviarlo a cuentas del exterior).
Muchos de los planes de García no son nuevos pues mira constantemente a Chile y a Brasil, países a los que desearía superar en el largo plazo. Alcanzar a Chile le parece una meta accesible puesto que el Perú posee más recursos naturales y territorio. Pero carecemos de buenos profesionales y planificación. La deficiencia educativa peruana impide que ese sueño se logre. En dicho sector Chile nos saca varios cuerpos de ventaja y la brecha se acrecienta año tras año. Sin capital humano es imposible avanzar en otras áreas como desarrollar y depender cada vez más de nuestro mercado interno para no sufrir los vaivenes del comercio internacional (la demanda será débil en la medida que no se eduque a la gente pues la ausencia de capacitación presiona los salarios a la baja).
En cuanto a Brasil, García está tratando de copiar la cuestionable política de desarrollo amazónico de Lula da Silva, que se sustenta en la deforestación para cultivar enormes campos de soja y despejar selva para el ganado. La soja del gigante sudamericano se exporta a China al igual que la carne de vacuno (el consumo oriental fomenta la acelerada la depredación de ecosistemas). Pero el presidente peruano va un poco más allá de su par del Atlántico pues desea explotar “recursos como el petróleo, gas, madera, pesca, entre otros”. Por ello avasalla derechos reconocidos a los indígenas y promueve la colonización de la Amazonía[1] para que miles de colonos se dediquen a la pesca y la extracción maderera. De ese modo está incentivando la tala irracional que contribuye al calentamiento global pues está demostrado que la deforestación reduce la capacidad de absorción del carbono liberado en la atmósfera.
Por si fuera poco, y esto es lo más grave, ofrece los bosques para la producción de biocombustibles (3 millones de hectáreas de bosques primarios). Para él es de “alto interés nacional” desarrollar dicho negocio, de ahí que haya promulgado el Decreto Legislativo 1090, por el que se puede cambiar la denominación para el uso de las tierras de forestal a agrícola, y, desde enero del presente año, ha entrado en vigencia una normativa que declara de “interés nacional” cultivos energéticos como el piñón blanco en la Amazonía. La tendencia a reemplazar al petróleo por los biocombustibles para contrarrestar los efectos del cambio climático, en opinión de Peter Brabeck-Latmathe, director general de Nestle, la corporación de alimentos más grande del mundo, es equivocada, “pues se necesitan 9.100 litros de agua para cultivar la soya necesaria para obtener un litro de biocombustible y más de 4.000 litros para obtener un litro de bioetanol”. En el proceso industrial se erradicarán miles de árboles y plantas nativas, y se usará combustible fósil para operar la maquinaria y trasladar el biocombustible a centros de distribución. No parece sensato iniciar esa actividad en la región amazónica cuando los perjuicios son inmensos.
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[1] En la selva hay 45 millones de hectáreas de bosques de producción que podrían verse afectados porque se encuentran dentro de las comunidades selváticas.
